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Continuamos nuestra conversación con Daniel Rico, quien nos dará más detalles del ‘Primer estudio de caracterización de la adulteración y la falsificación en Colombia’. Para quienes se perdieron la primera parte de esta entrevista, la pueden revivir haciendo clic aquí.

Cultivando al Ser: Daniel, retomemos por favor los avances sobre el estudio de caracterización de la adulteración y falsificación en Colombia.

Daniel Rico: Es un gran gusto, porque como lo mencionamos en la anterior entrevista, es fundamental que la comunidad conozca esta caracterización. Debemos lograr, entre todos, ser caja de resonancia, porque los daños son incalculables y afectan todos los entornos y transversalmente a todos los seres vivos, literalmente.

CAS: ¿Qué más hallaron en el estudio?

DR: Que las redes ilegales en estos mercados no utilizan mucho la violencia, sino que utilizan más la corrupción y la capacidad de infiltrarse dentro entidades del Estado para evitar, por ejemplo, los controles del Invima y de las autoridades sanitarias locales, o también para que por se levanten los sellos de la Policía Judicial más pronto.

Vemos mucha fragilidad del esquema institucional desde lo local, por lo que casi siempre las operaciones de impacto para la mayoría de los productos contrabandeados o adulterados se hacen desde el nivel central. Mientras que este es un problema regional y descentralizado, las soluciones casi siempre son centralizadas, es decir, desde Bogotá, desde la POLFA o desde la Fiscalía, se articulan operativos para diferentes ciudades del país.

Otro hallazgo clave es resaltar la importante capacidad de judicialización que tiene el Estado en materia de adulteración y falsificación. En el caso del agro fue sorprendente encontrar que más del 80 % de las personas capturadas en operativos de la Policía Judicial y la Fiscalía termina acogiéndose a sentencia anticipada y con una tasa efectiva de condena. Esto no pasa ni en contrabando, ni en lavado de activos, ni en otros delitos económicos, y es gracias al esfuerzo coordinado entre las autoridades y un buen manejo del componente probatorio.

Entonces, nuevamente resalto que no tenemos tanta capacidad, tantos policías judiciales y sí muchos vacíos, pero en los casos que llegan a poder de la justicia el resultado es muy positivo. Es decir, esto es un tema de ampliar capacidades y, así, casi que podemos asegurar que se ampliarán los resultados.

CAS: Sin duda, el tema de la adulteración es muy grave y en insumos es acentuado…

DR: Sí, implica muchos recursos y es de altísimo impactó en la salud pública, en la economía y en la seguridad de los consumidores. Este es un delito que ha pasado de agache en el radar de las prioridades, de la asignación de recursos, de la formación de investigadores y profesionales, y ahí es donde podemos verlo en términos de oportunidad, para lograr la articulación entre sector público y privado que permita blindar no solo a la economía, sino proteger a los consumidores de estos productos y al medio ambiente.

Otro tema determinante es que la economía ilegal tiene en los agro insumos una fuente importantísima de recursos, ya que no solo son importantes para la producción de cocaína o en temas de minas antipersonales, sino que realmente genera un poder de control del mercado en algunos territorios. Es decir, lo que vemos es que en zonas donde se vende coca, el actor ilegal que está allí decide qué agro insumos entran, cuáles salen, quiénes son los dueños… Entonces, una manera controlar el territorio es controlar el acceso y comercialización de estos productos.

CAS: Y ya para concluir, ¿qué recomendaciones arroja el estudio?

DR: La primera es que este es un tema mal diagnosticado, especialmente en agro insumos. Yo diría que estamos en una ecuación en la que hay un problema muy grande, mucha información anecdótica y bastante experiencia, pero no hay un registro ni una sistematización de la información, no tenemos una base de datos de capturados, no tenemos un seguimiento post condena de personas que han sido judicializadas. Tampoco contamos con mediciones de sistematicidad de la adulteración o del contrabando por regiones, algo que el sector podría aprender de otros, como el de los cigarrillos o licores, que están también afectados por estos delitos. Es difícil evaluar el éxito o el fracaso en aquello que no se mide.

La segunda recomendación es que el liderazgo y los buenos resultados de los que hablábamos, son el producto del trabajo y compromiso de unas muy pocas empresas, es decir, no podemos afirmar que todas las empresas estén aportando igual a los procesos penales, ya sea declarándose víctimas, aportando pruebas y apoyo jurídico, etcétera. Entonces el mensaje es que es necesario el fortalecer este ejercicio y que todos pongan más dedicación, recursos y esfuerzos para capacitaciones y para fortalecer la agenda público-privada, y así obtener mejores resultados.

Hay que lograr un esfuerzo sostenido, una capacitación, un desarrollo de capacidades que realmente empiece a transformar ese ejercicio. Yo tengo la percepción de que mientras el narcotráfico siga tan alto y las condiciones de seguridad se deterioren, habrá una afectación directa en la cadena criminal de agro insumos. Entonces no creería que en los próximos años haya una razón externa por la cual esta ilegalidad pueda disminuirse, sino que, por el contrario, si no se toman medidas lo más probable es que encuentran aquí un camino para lavar activos. Es necesario crear conciencia y definir el esfuerzo colectivamente, para ver cómo se distribuyen estas cargas y cuál es la proyección de largo plazo.

Definitivamente Daniel mucho por hacer en nuestro país, por los agricultores, por la salud pública y por el medio ambiente. Seguiremos en contacto y en el trabajo para hacer más país.

Nos vemos pronto.

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