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El problema de movilidad de las ciudades y regiones del país causa dolores de cabeza a usuarios y autoridades locales y nacionales. La percepción sobre el mejoramiento de la movilidad sigue siendo poco alentadora y será una tarea continua de próximos gobiernos. Datos recientes de la Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín Cómo Vamos indican que en la ciudad, 7 de cada 10 encuestados consideran que su tiempo de desplazamiento no mejoró respecto a 2010. La movilidad es un problema, sin duda, pues la malla vial es un bien público sujeto de congestión, con los problemas que esto conlleva.
Soluciones fáciles para el problema de movilidad no existen y el Ejecutivo lo comprende, pero la ingenuidad, la necesidad de mostrar resultados rápidamente, el proselitismo o la simple pereza de pensar en las causas y consecuencias de los proyectos, hace que en ocasiones las soluciones planteadas sean facilistas, poco eficientes y en el mejor de los casos de corto plazo y con resultados cuestionables (el pico y placa es un botón de muestra). Solo así se explica que el Ministerio de Transporte presente un proyecto de reforma al Código de Tránsito cuyo objetivo es desalentar la demanda de vehículos particulares a través de la creación de un sistema de subasta de cupos para la matrícula.
Los problemas del proyecto son evidentes. Primero, los ensambladores y los fabricantes de autopartes y los importadores de autos se verían seriamente afectados, quienes ante un retroceso en la demanda de automóviles reaccionarían desalentando la demanda de trabajo, incluso destruyendo parte de lo ganado en materia de generación de empleo en el sector. Segundo, la ganancia potencial derivada de los TLC con Europa y EU y los beneficios ganados por la baja en los aranceles, debido a acuerdos vigentes con socios comerciales del país, así como con la disminución del IVA para cierta gama de autos se perderían, siendo los consumidores los principales afectados. Tercero, el racionamiento a la demanda por un mecanismo de asignación de cupos como el planteado en el proyecto genera corrupción. Queda entonces la pregunta: ¿Para qué regular un mercado que funciona bien?
En Venezuela funciona un esquema similar para la adquisición de autos y un consumidor que desee estar a la cabeza de la lista de espera asume altos costos de transacción debido a los perversos incentivos generados.
De un gobierno bolivariano se pueden esperar medidas de este tipo, pero viniendo de la tecnocracia nacional lo que confirma es que los gremios y el Ejecutivo no están bien sintonizados.
Las soluciones al problema de movilidad son difíciles pero identificables. Primero, hay que fortalecer y estimular los sistemas de transporte masivo integrados, que sean tan eficientes que la gente perciba como mejor alternativa dejar el auto en casa; segundo, enfrentar con decisión la corrupción y desarrollar los proyectos de infraestructura vial que necesitan las ciudades y regiones, fortaleciendo el esquema de concesión; tercero, analizar exhaustivamente los estudios existentes que indican la sobreoferta de autobuses, colectivos y taxis, y proceder en consecuencia, congelando los cupos para taxis y chatarrizando autobuses y colectivos viejos. En esto ha habido poco avance en Medellín.
Nada de esto es fácil, pero se eligen presidentes y alcaldes para solucionar audaz pero con inteligencia los problemas difíciles de una economía emergente y una sociedad en desarrollo.
