Ley de Insolvencia: una oportunidad en medio de la crisis

La crisis por covid-19 ha llevado a que muchas empresas e individuos se hayan visto en dificultades para seguir pagando sus créditos oportunamente. Esta situación de estrés financiero puede ser una piedra en el camino para la recuperación económica. No obstante, es posible que las empresas e individuos en dificultades económicas puedan acogerse a la Ley de Insolvencia, de manera que puedan reorganizar sus deudas y seguir operando en la economía.

La insolvencia es el proceso legal mediante el cual empresas e individuos en dificultades financieras llegan a acuerdos de pago con respecto a sus deudas. El proceso de insolvencia desempeña un papel central en la economía, ya que evita que empresas eficientes con problemas financieros, causados por la crisis, salgan del mercado afectando la cadena de distribución e impactando negativamente a empresas saludables.

Eventualmente, esto beneficia a los consumidores, porque al permitir que las empresas permanezcan en el mercado se aumenta la competencia y pueden ofrecer bienes y servicios a precios más bajos. El mecanismo legal mediante el cual las empresas reorganizan sus deudas es la declaratoria de insolvencia. La insolvencia también tiene una función económica para los deudores, ya que proporciona un seguro parcial y complementa los planes de ayuda del gobierno.

Las políticas que obliguen a que los negocios cierren permanentemente solo logran que las recuperaciones sean más lentas, ya que a medida que se cierran empresas se rompe la cadena de distribución que afecta a otras empresas, incluyendo a los sectores más sanos.

Los objetivos económicos son similares para la insolvencia personal y para la empresarial. Un objetivo importante de la insolvencia es encontrar la manera de que haya suficiente repago, de tal manera que los prestamistas estén dispuestos a continuar prestando en el futuro –no necesariamente al deudor en insolvencia sino a otros prestatarios-. Un acceso reducido al crédito empeora la situación de los deudores, porque las empresas necesitan del crédito para poder crecer y los individuos para poder suavizar su consumo.

Por otro lado, repagar de más a los acreedores afecta a los deudores, porque es más difícil que las empresas con dificultades financieras sobrevivan y los individuos tienen menos incentivo para trabajar. Otro objetivo de la insolvencia es el de evitar que los acreedores causen daño a los deudores al querer ser los primeros en cobrar.

Algunos economistas argumentan que las leyes de insolvencia hacen que las empresas insolventes drenen recursos de las partes saludables de la economía. Esos miedos son fundamentalmente equivocados. Las políticas que obliguen a que los negocios cierren permanentemente solo logran que las recuperaciones sean más lentas, ya que a medida que se cierran empresas se rompe la cadena de distribución que afecta a otras empresas, incluyendo a los sectores más sanos. Tal rompimiento debe ser evitado tanto como sea posible y la Ley de Insolvencia es un paso acertado en este camino.

Alexander Correa, Ph.D.
Docente de la Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas
Universidad Ean