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En un contexto extraordinario, como el que el mundo enfrenta en la actualidad por la pandemia del Covid-19, es vital que el Estado desarrolle su capacidad para atenuar los impactos en las diferentes esferas de la vida pública. En ese sentido, Colombia debe tener claro que todo panorama complejo genera grandes retos en materia fiscal para su institucionalidad, y que esto sale a relucir especialmente en las finanzas territoriales que, antes de la actual crisis, ya tenían un margen de maniobra limitado.
Así pues, desde el inicio de la pandemia en Colombia, el gobierno nacional y los gobiernos locales han aumentado el gasto público para atenuar los efectos en aspectos económicos y de salud pública. En consecuencia, la contracción de la demanda del sector privado ha marcado una reducción en materia de recaudo y esto, a su vez, va a desembocar en un crecimiento muy marcado del déficit fiscal tanto en los gobiernos locales como en el nacional. Cabe suponer que esta tendencia se mantendrá en el mediano plazo, lo cual se traduce en una mayor acumulación de deuda pública para el Estado Colombiano.
En Colombia los municipios y, en especial, los departamentos tienen una autonomía muy limitada en cuanto al recaudo de impuestos y de ejecución del gasto; por tal razón, los bienes y servicios que éstos proveen, no satisfacen las necesidades del territorio y más grave aún, se desarticulan de ellas. En otras palabras, la capacidad de recaudo tributario de los gobiernos locales está sumamente condicionada; en primera medida por las constricciones en materia legal, pero también por la desconexión entre la realidad económica y el diseño tributario. Esto quiere decir que los impuestos existentes tienen dificultades para recaudar ingresos públicos porque no consideran las particularidades de cada territorio y este desconocimiento perjudica a los municipios y departamentos que tienen economías menos fortalecidas y poblaciones pequeñas. Para ser más precisos, este fenómeno se puede evidenciar fácilmente en los altos niveles de concentración en el recaudo fiscal, como en Bogotá; es así como la capital ha podido adaptar mejor sus fuentes de recursos, gracias a que cuenta con un régimen especial.
En ese sentido, queda claro que la desigualdad desde los gobiernos locales en el recaudo de impuestos amplía las brechas que los habitantes de muchas zonas del país tienen para acceder a bienes y servicios; En particular, estas diferencias están especialmente marcadas en el territorio colombiano, desde las dinámicas del mercado. Aunque en su diseño el Sistema General de Participaciones (SGP) contempla variables redistributivas, esto no logra disminuir las diferencias de forma significativa, lo que al final se evidencia en la calidad y cobertura de los bienes y servicios públicos para la población, especialmente de áreas periféricas o costeras. Estos indicios resultan especialmente importantes cuando se analiza la inversión en temas estratégicos para la calidad de vida y el crecimiento económico: educación, salud e infraestructura. Ahora bien, estas diferencias dejan en evidencia todos los retos de los gobiernos locales para enfrentar del estado de pandemia: desde el acceso a los medicamentos, dispositivos y disposición de trabajadores de la salud para atender a la población contagiada, hasta las limitaciones para garantizar la continuidad educativa en los colegios.
A mediano plazo se hace ineludible un fortalecimiento de los entes locales para liberar la carga fiscal del gobierno nacional; de forma irremediable, se deberá proponer una nueva reforma tributaria que consolide al país como referente de inestabilidad jurídica tributaria. Sin embargo, esta reforma no garantiza financiar de forma adecuada el nuevo déficit y expone la sostenibilidad de la deuda del Estado Colombiano a niveles inadecuados. Este proceso debe incorporar la ampliación de las facultades de los gobiernos locales en materia tributaria de forma conjunta. Para ello, sería ideal un fortalecimiento catastral real que permita equilibrar las actividades económicas con la dotación pública; esto es fundamental para el bienestar y empoderamiento de la participación ciudadana que a su vez, facilita el proceso de rendición de cuentas así como la transparencia, que reduzca las dinámicas anormales o ilegales en el territorio.
Por otra parte, es justo señalar que el desarrollo institucional de los gobiernos locales se ha dado políticamente, pero no en términos de economía ni de autonomía fiscal; en esta última, la dependencia del SGP se fundamenta el gasto de la mayoría de departamentos y municipios del país. Como consecuencia, es necesario avanzar en un acceso más equitativo a las fuentes de financiación para garantizar un crecimiento sostenible y equilibrado de las finanzas públicas nacionales y locales. De este modo, habría mayor capacidad para proveer bienes y servicios públicos. Además, se requiere fortalecer el Sistema General de Participaciones, robustecer su capacidad de generar equidad territorial, y con ello, una ocupación más coherente del territorio.
Antes de cerrar, se debe señalar que en Colombia el proceso de descentralización ha presentado restricciones políticas e ideológicas como falta de confianza, un estado centralista y especialmente las restricciones asociadas a las rentas rurales. No obstante, éstas no pueden continuar siendo una razón para concentrar facultades, recursos y obligaciones en el gobierno central, especialmente frente a una realidad que exige gobiernos cercanos, efectivos y coherentes con las necesidades y contextos locales.
Olga Salamanca Ruiz*
Jorge Enrique Martínez Carvajal**
*Docente-Investigadora Facultad de Economía, Universidad Santo Tomás. Correo: olga.salamanca@usantotomas.edu.co
** Decano – Facultad de Economía – Bogotá, Universidad Santo Tomás. Correo enrique.martinez@usantotomas.edu.co
