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En Colombia, hablar del conflicto armado interno, es tan polémico como desgarrador. Esta conversación, tan incómoda como compleja, es importante para construir los hechos históricos que permitan reconocer a los actores que han sido partícipes, las víctimas del recrudecimiento de la guerra y los antecedentes políticos, económicos y sociales que fueron caldo de cultivo ante la debacle de Colombia en el siglo XX. En función de lo anterior, ¿es pertinente vincular las problemáticas de tierras y agro con la guerra civil colombiana?

Es inevitable llegar a relacionar los problemas de violencia y guerra con la inequidad en la distribución de las tierras y el agro colombiano, pues desde 1900 ya existían conflictos entre campesinos y latifundistas alrededor de la apropiación de terrenos productivos; cabe resaltar que el dilucidar la transformación de este fenómeno a lo largo del tiempo, requiere una visión política, sobre todo a partir de los años 30 del siglo XX.

La reforma agraria que intentó ejecutar Carlos Lleras Restrepo antes de su presidencia (1966 – 1970) produjo tantos y fuertes detractores que, al llegar a la casa de Nariño, se debieron tomar medidas drásticas por medio de la Ley 1 de 1968 para procurar hacer cumplir la ley 135.

Tal fue el impacto en el statu quo que, en zonas ganaderas como Sucre y Cesar, el latifundismo ganadero vio esto como una violación a su propiedad; así mismo, empezaron a presentarse acciones radicales y violentas por parte de campesinos influenciados por organizadores urbanos que deseaban ejecutar la reforma por cualquier medio.

Para empezar, en esta disyuntiva se encontraban y enfrentaban las motivaciones de dos agentes que afectaría la reforma: latifundistas y campesinos; éstos no estaban interesados en aplicar cooperación al proceso, lo cual afectó la eficiencia en la ejecución de la reforma y, por ende, la carta que propendía por el cumplimiento de lo pactado en la ley 135, no serviría de mucho.

Por otro lado, los mecanismos de gobernanza, indispensables para evitar desorden y ofrecer herramientas de supervisión tanto en los niveles micro y macro de la estructura estaban sujetos a poca supervisión; en cuanto los estatutos macro, se delegó en el INCORA, la responsabilidad de administrar las tierras baldías a nombre del Estado y su junta directiva era elegida en su mayoría por el presidente de la república, esto último abría las puertas a que, sin el seguimiento adecuado, ante el cambio de gobernantes, los intereses de la institución podrían ser desviados con facilidad.

Los estatutos micro de gobernanza, por su parte, no generaban el peso necesario para poner en duda las decisiones que impactaban los estatutos macro; un ejemplo de ello fue la creación de organismos locales de la reforma y asociación campesina, los cuales estaban adscritos a las sedes regionales del INCORA y presentaban deficiencias al momento de trasmitir las necesidades de la comunidad agraria.

Al mismo tiempo, el seguimiento y control de la reforma era delegado en el Consejo Social Agrario, el cuál funcionaba como órgano consultivo del gobierno, es decir, su independencia estaba en duda y la mayor parte de su junta directiva era elegida por el presidente de la república; además, la Secretaría Técnica del Consejo – de la cuál provenían las propuestas más fuertes y relevantes – era elegida por el INCORA y sus representantes. En este punto, el sistema de pesos y contrapesos de la reforma completa no ofrecía claridad alguna.

Con solo unos puntos muy específicos como los anteriores, sin ahondar en temas técnicos y estructurales de la teoría económica de Douglas North, es posible comprender porque La Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario de La Contraloría General de la República da a conocer las siguientes conclusiones en el año 2005:

Después de 42 años no cumplió con el propósito de redistribución de tierra; la reforma agraria solo ha beneficiado al 11% de las familias potenciales estimadas por el Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola, a principios de los años 60 calculadas en 961.000; la reforma no ha contribuido al mejoramiento económico y social de la población campesina y tampoco impactó en la modernización productiva ni en el logro de bienestar económico y social de las familias campesinas.

A partir de allí, La Asociación de Usuarios Campesinos ANUC, organización creada para acompañar la reforma, se radicalizó y promovió, durante los años 1971 y 1972, la invasión de tierras en casi todos los departamentos del país. Los grupos guerrilleros en sus facetas urbanas y rurales, sintieron también la responsabilidad de unirse a la causa reformista y aunque queda mucho por complementar entorno a la complejidad del conflicto armado en Colombia, este puede ser un episodio en nuestra historia que permita construir instituciones más eficientes y que se inclinen por la búsqueda del bien común.

 

Juan Camilo Quiroga Ortiz, Economista – Universidad Santo Tomás

 

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