En las economías y sociedades modernas es claro que el Estado debe jugar un papel central en garantizar los derechos fundamentales, muchos de esos derechos adquieren la forma de bienes públicos, los típicos ejemplos de aula de clase son la justicia y la seguridad, los cuales estrictamente deben ser provistos por el Estado para que el votante mediano sienta que de verdad existe un Estado; otros ejemplos son la salud y la educación, que deben ser provistos principalmente por el Estado, pero una ayuda del mercado en cuanto a la prestación privada es necesaria.
Si consideramos que la mayoría de los derechos fundamentales toman la forma de bienes públicos, la pregunta crucial es quien y hasta donde puede ofrecer el bien con eficiencia, pues su provisión tiene límites tecnológicos y presupuestarios. No en vano el proyecto de regla fiscal divide opiniones concentrándose en dos corrientes, a saber: aquellos quienes creen conveniente implementarla como derecho fundamental porque el equilibrio fiscal es necesario para el bien común (la crisis de la Euro-zona les da argumentos adicionales) y otros que creen que el proyecto pone límite a otros derechos fundamentales, como la salud por ejemplo, por el desangre que provoca en la finanzas publicas la regulación que por Sentencia ha venido haciendo la Corte Constitucional.
Intuir lo que es un derecho fundamental no debería ser una tarea complicada, pero para un dirigente con ambiciones es fácil caer en la tentación de proponer derechos como fundamentales cuando en realidad no lo son. Actualmente cursa un proyecto de reforma constitucional que busca que el Estado garantice el acceso de cada colombiano a la Red, es decir que Internet pasaría a ser un derecho fundamental con todas la consecuencias para el Estado en términos de plazos de cumplimiento (tres meses es el tiempo para asegurar un derecho fundamental) y de costos. Iniciativa encomiable pero discutible.
Existe en microeconomía un cierto tipo de bienes llamados complementarios perfectos, porque la característica esencial es que tienen que consumirse siempre juntos. Internet es uno de ellos, el acceso a la red va acompañado de otro bien, un dispositivo – sea éste computador, móvil o tableta- de modo que garantizar el acceso a Internet requiere garantizar el acceso al dispositivo, que por lo demás es costoso y de rapidísima obsolescencia. Sin duda los costos de la propuesta, de convertirse en Ley, serian muy onerosos pues en Colombia actualmente existe un poco mas de 5 millones de suscriptores a Internet, siendo poco conservadores y suponiendo que esa cifra es más o menos una por hogar, harían falta otros 5 millones de suscripciones para que cada hogar en el país tuviera acceso a Internet.
Sostienen los Senadores Simón Gaviria y Honorio Galvis, ponentes de la reforma, basados en un caso de estudio según ellos publicado por The Economist (aunque la afirmación la hace el Banco Mundial), que en África la evidencia empírica sugiere que “por cada 10% de penetración de internet el crecimiento de ese país (sic) se incrementa en un 1% ”. Pero Colombia no es África y probablemente el impacto no sería el mismo. Está claro que Internet debe masificarse, pero debe buscarse un mecanismo diferente a una reforma constitucional para hacerlo y aceptar que en Colombia la penetración de Internet debería ser principalmente el resultado del desarrollo económico y no una condición para éste.
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