La Superintendencia de Industria y Comercio y la Competencia

El domingo pasado el diario El Tiempo publicó un artículo sobre las grandes movidas en materia de negocios para el próximo año. Entre muchas de ellas, está el ya sonado anuncio del acuerdo de adquisición  del 100% de Protabaco por parte de la Philip Morris International (PMI), que de darse haría que la PMI ostente el 90% de la producción de tabaco en Colombia. Inmediatamente la British American Tobacco,  otra multinacional, especuló sobre la posibilidad de que la PMI se convierta en monopolio. No es el objetivo de este artículo discutir si la PMI se encamina hacia la posición dominante, pues sería necesario disponer de más información sobre oferta, demanda y, en especial, costos de producción.

Más interesante es analizar si la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es la institución adecuada para fallar definitivamente sobre la potencial posición dominante de la PMI. La preocupación, y con razón, es que ésta decisión es responsabilidad de una institución que tiene funciones yuxtapuestas, las cuales, eventualmente, conllevan intereses opuestos. Sería más conveniente desde el punto de vista institucional que un organismo diferente de la SIC, cuya responsabilidad entre otras es dictaminar sobre  fusiones, sea  la encargada de defender la competencia.

La raíz de esta disyuntiva, por no llamarlo problema, es que en Colombia no existe una verdadera institución para la defensa de la competencia (y no puede ser así mientras que quienes deban defenderla sean los mismos quienes eventualmente, y no necesariamente de mala fe, podrían actuar en contra de ella) No hay que olvidar que los empresarios e inversionistas pueden hacer lobby, es parte de su trabajo sin duda, o ejercer gran presión sobre los superintendentes, lo que ha descubierto en varias ocasiones la débil institucionalidad y el poco poder  de las superintendencias.

De éste bajo poder institucional tenemos ejemplos en el pasado reciente: la sonada Alianza Summa le habría costado el cargo al ex superintendente Emilio J. Archila; el ex superintendente financiero Augusto Acosta se fue del cargo, presuntamente, por plantear la necesidad de modificar el nivel de provisiones de los bancos y la tasa de usura, el instrumento de competencia de los bancos en el mercado de crédito, colmando la paciencia de los banqueros. Un último ejemplo de tal debilidad es Jairo Rubio, también ex superintendente de industria y comercio, enérgicamente se enfrentó con las grandes cementeras (acusadas de colusión) y con los bancos (por negarse, según los medios, a dar información sobre los costos de las comisiones), estos enfrentamientos lo debilitaron a él como técnico y a la Superintendencia como institución reguladora.

Mi conclusión es que debe crearse una institución  técnica e independiente del ejecutivo, diferente de las superintendencias, exclusivamente para la defensa de la competencia, destinada a proteger y estimular la libre competencia y que analice, e incluso sancione, conductas distorsivas en el mercado y dictamine la existencia de posición dominante (hoy paradójicamente tarea de las comisiones de regulación). Un rasgo importante de ésta institución debe ser que  las decisiones estén en cabeza de un grupo interdisciplinario, preferiblemente abogados y economistas, altamente calificados y con independencia absoluta de quien los nombre.