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“Naturalmente, en el país, la salud se ha tratado como un tema conveniente en el cual poco a poco la miseria se ha adueñado de su existencia. En estos momentos, el descuido que se ha evidenciado por años toma aún más fuerza y abre infinidad de posturas y debates acerca del futuro del sector salud; pero curiosamente es este el gran olvidado de la sociedad colombiana y a su vez el gran llamado a ser la línea de defensa más importante en medio de la pandemia”.

William Aristizábal, Gerente General de la Clínica Medical

William Aristizábal, Gerente General de la Clínica Medical. Foto cortesía.


Con esta frase inicia la colaboración en este blog William Aristizábal, Gerente General de la Clínica Medical y Presidente de UNips (Unión de IPS de Colombia), a quien invité a este espacio para hablar de un tema tan delicado en la coyuntura actual. Y esto es lo que me cuenta:

“Haciendo memoria, cuando Colombia elige la estrategia de aseguramiento para garantizar los servicios de salud a toda la población, muchos nos alegramos pues esto generaba una ola de buenos servicios y ampliación de coberturas, situación que incentivó en el país el desarrollo de una amplia red de prestadores acabando con los monopolios de los poco efectivos hospitales de caridad.

En los primeros años vimos un desempeño muy superior a nuestro vetusto sistema nacional de salud, sin embargo, el actuar protervo empezó a acomodarse y a buscar salidas que dañarían este nuevo modelo.

Poco a poco, las EPS con un nuevo protagonismo e impulsado por alianzas políticas empezaron a desarrollar múltiples normas que minaran el correcto actuar del sistema, en el que como se ve hoy solo los prestadores poseen obligaciones, mientras que dichas EPS por más que casi el 80% tengan causales de liquidación, siguen operando sin restricciones ni obligaciones.

Les anticiparon recursos

Dichas aseguradoras, durante esta pandemia se han visto beneficiadas con la suspensión de servicios ambulatorios, cirugía programada, entre otros.

Adicionalmente les anticiparon recursos de presupuestos máximos, lo que significa que el gobierno les ha pagado deudas y autorizaron utilización de reservas técnicas, sin embargo la respuesta que la sociedad está obteniendo de las EPS no es muy diferente a lo que han venido haciendo en el pasado.

Ya hace varios años, el país está en mora de resolver el problema del no pago a los prestadores de servicios de salud, situación que a la fecha ya llega a más de 18 billones de pesos, lo cual le resta a la red capacidad de reacción en desarrollo de cualquier crisis.

Esto sumado a un dólar alto que incrementa los costos de operación, unos elementos de protección personal que se han incrementado por especulación y no disponibilidad.

Adicionalmente, los incrementos en la prestación de los servicios derivados de los EPP (Elementos de Protección Personal) -que de acuerdo a los manuales no son facturables- están generando una situación de alarma en el sector que se pudo haber prevenido con un análisis sistémico de escenarios e integralidad en el desarrollo de posibles soluciones.

Sigue atendiendo a los pacientes

Pese a todo esto, las IPS de Colombia que representan más del 70% de la cobertura del país siguen de manera responsable atendiendo con pocos recursos a todos los pacientes de la nación.

Con el llamado a la acción, para contener de alguna manera la pandemia, se genera dentro de las clínicas pertenecientes a UNips (Unión de IPS de Colombia)  una estrategia de robustecer, ampliar y brindar sin restricciones la atención a los ciudadanos.

Sin embargo, parece que la situación de dichas entidades no tiene un doliente en las altas esferas del poder, acrecentando día a día las exigencias y condiciones por parte del gobierno.

Muchas clínicas anuncian cierres

Esto, sumado a las advertencias de toda Índole  por parte de la SuperSalud han generado un enorme desconcierto en la comunidad ya que muchas clínicas que están anunciando el cierre inminente por falta de recursos han sido alertadas con sanciones penales, mientras que para las EPS no es imperativo el cumplimiento de sus obligaciones eludiéndolas o retrasándolas.

El fortalecimiento de los servicios de salud no se puede quedar en anuncios, la red no  está pidiendo  subsidios, solo exige al unísono el pago de acreencias -muchas de ellas por más de varios años- y que en este momento se convierten en la alternativa para apalancar la prestación del servicio en plena crisis.

Es una apuesta muy complicada y arriesgada la que se está jugando el gobierno al solo realizar el fortalecimiento de la red pública y descuidar la red privada, puede que resulte, pero si no, las IPS estarán al pie del cañón para soportar ese devenir, pero sin recursos.


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