Proponer que se le pague menos a los recién egresados, que en su mayoría salen con un alto nivel de endeudamiento, es desincentivar el estudio.
El fin de año es un momento álgido para llevar a cabo el acostumbrado debate acerca del aumento del salario mínimo. La inflación, la productividad y la pertinencia del mismo serán los puntos de quiebre que darán pie a la noticia que llenará las primeras páginas de los diarios y con la que abrirán los noticieros durante los próximos tres meses.
Este año, la cereza del pastel la puso la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), que propuso un pago diferenciado a los recién egresados, quienes recibirían el 75 % de lo decretado como mínimo legal vigente. Sin duda, una idea polémica y debatible.
Por supuesto, como docente universitaria quiero ver a mis estudiantes recién egresados lo mejor remunerados posible. No se puede desconocer la pertinencia del salario mínimo y la discusión que surge sobre su nociva contribución al desempleo.
Como es bien sabido, el salario mínimo pretende, por ley, asegurar un mínimo vital de ingresos, en una sociedad con tantas desigualdades y altos índices de pobreza como la nuestra. Desde su definición y propósito, el salario mínimo es un precio mínimo y que indudablemente se encuentra por encima del que establecería el mercado.
El problema es que el equilibrio de este mercado establece un salario que reflejaría desde la teoría económica un nivel de productividad, fruto de capacitación, experiencia y estudios. Por lo anterior, a este mercado llegamos todos, desde los que no tienen nada de educación hasta los doctores, desde los que tienen trabajos no calificados desde hace seis o 10 años hasta los recién egresados que jamás han trabajado.
Pero, ¡atención!: no es la misma cosa poner a competir mano de obra calificada y no calificada, tampoco es lo mismo la mano de obra no calificada que trabaja en el sector servicios a la que se emplea en la manufactura, y así sucesivamente. No nos pueden evaluar a todos con el mismo rasero, y menos en un país donde la mayoría no tiene acceso a educación superior de calidad.
Al imponer un precio por encima del punto de equilibrio, las personas cuya productividad se encuentra por debajo de este se verán favorecidas y quienes las contratan se verán desfavorecidas.
Por otro lado, proponer que se les pague menos a los recién egresados, que en su mayoría salen con un alto nivel de endeudamiento, es desincentivar el estudio, desacelerar (si es que se puede más) el proceso de formación de capital humano calificado, generador de valor agregado y que tanta falta hace. ¿Por qué no incentivar más bien desde las empresas su inserción al mercado laboral? A propósito, ¿qué pasó con la ley del primer empleo? Al parecer, no da resultado incentivar la contratación de jóvenes, pues el sector productivo nacional no se ve favorecido por esto.
“No nos pueden evaluar a todos con el mismo rasero. Al imponer un precio por encima del punto de equilibrio, las personas cuya productividad se encuentra por debajo de este se verán favorecidas y quienes las contratan se verán desfavorecidas”.
Una posible solución podría ser la adoptada en muchos lugares del mundo en donde se habla de la flexibilización laboral y en donde así exista un salario mínimo también se paga por horas, lo que al final resulta en contratos por fuera del parámetro establecido.
Eso en Colombia podría funcionar, pero sería un arma de doble filo, ya que podría engrosar los índices de pobreza. Se dice que podría haber menos trabajadores informales, pero es claro que es un riesgo que muchos empleados que hoy son formales a tiempo completo pasen a tiempo parcial.
Haciendo de abogado de los empleados y de los empresarios, puedo decir que el salario mínimo no representa del todo la productividad de la mano de obra calificada, pero, por otro lado, la encarece.
Por lo mismo, no es viable ni pertinente pagarles menos a los jóvenes recién egresados. Surge entonces la pregunta de si tanta regulación es el problema y lo mejor sería dejar que el mercado se ajuste.
¿Será que el mercado es capaz de ajustar los salarios y traer consigo una mejor redistribución del ingreso? O nos vamos al otro extremo, es decir, a una regulación fuerte del mercado laboral y, al igual que en algunos países europeos, pensamos en salarios ‘piso’ por sector de producción y escalafones, teniendo en cuenta la experiencia y capacitación, lo que haría que dependan de la productividad.
En un país como Colombia, con tantas desigualdades por resolver, me suena más esta última opción. Aunque, ¡establecer los salarios y los rangos sería una tarea de titanes!
Paula Bula
Directora Departamento de Pensamiento Económico, Entorno y Competitividad
Profesora pregrado de Economía
Universidad EAN
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