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La situación que vive la humanidad a causa del Covid-19 ha conducido a los gobiernos de los países afectados a tomar medidas de contingencia para enfrentar los efectos en la vida y la salud de la población. Simultáneamente las preocupaciones por los impactos en las actividades económicas han desatado acaloradas controversias, muchas de ellas llevadas por la emotividad y la inmediatez entre quienes privilegian las medidas para salvaguardar la vida y la salud; y quienes acicatean por garantizar el ritmo y la sostenibilidad de la economía.
Premios nobel de economía, pensadores y académicos han realizado análisis de las implicaciones del Covid-19 en el mediano y en largo plazo, tanto para los países desarrollados como para los que se hallan en vías de desarrollo como Colombia, y han sugerido medidas para contrarrestarlas, entre ellas, invocar la idea del salario básico universal que pensadores europeos propusieron desde la década de los 80 del siglo XX como una estrategia que permitiera el funcionamiento del capitalismo con los principios de maximización de las utilidades y la acumulación de la riqueza, pero en Estados fuertes que garantizaran la distribución bajo criterios de justicia y equidad.
En C
olombia la situación de la pandemia ha llevado nuevamente a pensar sobre las condiciones estructurales-históricas que caracterizan su economía y las condiciones socioeconómicas de la población: una elevada concentración de la riqueza en pocas manos; cerca del 60% de la fuerza de trabajo en la informalidad con ingresos menores a los dos salarios mínimos mensuales; un sistema tributario regresivo, complaciente con el capital industrial y financiero y agresivo con los ingresos de empleados y trabajadores; una población con bajos niveles de educación y poco informada, lejos de su capacidad de participación política y control social, entre otras.
Dadas las condiciones estructurales de la sociedad y la economía colombianas, el daño que ocasiona la pandemia tendrá impactos negativos más severos que los que puedan presentarse en países desarrollados. Ante las inevitables circunstancias que se viven en estos días, habría que invocar la esperanza de que la sociedad colombiana, y en particular empresarios y políticos, pensaran que la adversidad podría considerarse una oportunidad para hacer transformaciones que reorienten el destino del país hacia una senda de desarrollo de las capacidades de sus habitantes y de crecimiento económico y sostenible con criterios de equidad y de justicia. No hay señales de que esto ocurra: el capital financiero y los empresarios de la salud concentran su atención en estrategias que no pongan en riesgo sus tasas de acumulación y el gobierno se ha ocupado en respaldar esos comportamientos.
Son numerosas las actividades económicas y las condiciones sociales afectadas por la pandemia y las medidas de confinamiento preventivo. Una de ellas se relaciona con la actividad de la construcción y el déficit habitacional cuantitativo (cerca de 1.4 millones de hogares) y cualitativo (cerca de 3.8 millones de hogares; éste más relacionado con el comportamiento histórico de la informalidad).
Entre las medidas que tomó el Gobierno Nacional para el reinicio gradual de actividades económicas, incluyó en primera instancia al sector de la construcción y algunas actividades manufactureras. ¿Por qué? Por la razón histórica de que el sector ha sido un comodín que permite contrarrestar las crisis -las económicas y las de pandemias ya que estamos en estas circunstancias-, creando puestos de trabajo de baja calificación. La elevada tasa de desempleo que en abril se acercó al 20%, justificó esta medida. Así, lo que se busca es volver a su cauce al sector de la construcción, apalancado con los recursos de subsidio de vivienda que otorga el gobierno. Aquí se establece el círculo de la precariedad: el gobierno concede subsidios para que el sector actúe funcionalmente en la creación de puestos de trabajo precarios y mal remunerados – y los empresarios obtienen sus tasas de ganancia de mercado-, no para reducir el déficit habitacional.
La afirmación de que los programas de subsidio de vivienda del Gobierno Nacional han sido funcionales a la acumulación de capital del empresariado del sector de la construcción y a la creación de puestos de trabajo precarios y mal remunerados, se sostiene al considerar que el 60% de los hogares en déficit cuantitativo (cerca de 800 mil hogares) son informales y devengan menos de dos salarios mínimos mensuales, a quienes el sector financiero no los incluye entre sus clientes potenciales (por ser informales), y por tanto no pueden acceder a los subsidios del gobierno.
Es la oportunidad de transformar situaciones como la del sector de la construcción a la que nos hemos referido, en provecho de las circunstancias que la pandemia le ha impuesto al país: generar vivienda pública para amplios sectores de la población que en la actualidad no tienen ni tendrán opciones de acceder a la vivienda, imitando si es necesario experiencias de países desarrollados, a través de las cuales las familias puedan acceder a la vivienda digna sin tener que comprometer a base de sangre, dolor y lágrimas las condiciones de su bienestar en la vida presente.
Juan Felipe Vargas Guachetá[1]
Brayan Quevedo Betancourt[2]
Daniel León Sandoval[3]
Elizabeth Porras Ortiz [4]
Oscar Arcos Palma[5]
[1] Estudiante de sexto semestre del Programa de Economía.
[2] Estudiante de noveno semestre del Programa de Economía.
[3] Estudiante de noveno semestre del Programa de Economía.
[4] Estudiante de noveno semestre del Programa de Economía.
[5] PhD en Ciencias Económicas. Docente de la Facultad de Economía – Universidad Santo Tomás.
[…] bien en Colombia hubo históricamente déficit habitacional en muchas ciudades, esto se complica todavía más cuando se ponen sobre la mesa los números que […]
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