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El medio ambiente en Colombia ha sido víctima de diversas causas, las cuales han generado graves daños y se han profundizado durante esta última década. Durante estos años cruciales para la historia del país como lo fue la firma de los acuerdos de paz con las FARC-EP y la emergencia sanitaria por la COVID-19, el entorno natural ha sufrido consecuencias devastadoras.

La violencia, la deforestación, la minería ilegal, el narcotráfico y el cambio climático son algunos de los factores que han contribuido a estos daños. Organismos supranacionales han reconocido al medio ambiente como una víctima del conflicto armado en Colombia y han exigido su reparación.

A pesar de los esfuerzos realizados, el daño ambiental en Colombia persiste y se ha agravado durante la pandemia. Aunque el gobierno ha propuesto proyectos y estrategias para frenar este daño, especialmente en áreas protegidas, las prácticas que afectan al medio ambiente no disminuyen. Durante la pandemia, mientras las personas estaban confinadas en sus hogares debido al COVID-19, el Amazonas sufrió uno de los mayores ataques en su historia. En el primer trimestre de 2020, aproximadamente 64,000 hectáreas de bosque fueron deforestadas, un 83% más en comparación con el mismo período en 2019 (WWF Colombia, 2021). Esto demuestra la urgencia de tomar medidas más efectivas para preservar los ecosistemas.

La explotación de recursos naturales en Colombia, como el petróleo y los minerales, ha causado un daño importante al medio ambiente. Según un informe de la OCDE, estas actividades han generado problemas como la pérdida de bosques, la disminución de la biodiversidad y la degradación del aire, el agua y el suelo (OCDE, 2014). Estos problemas no solo afectan el bienestar de las personas y los ecosistemas, sino también la economía del país, ya que los gastos de salud relacionados con la contaminación del aire y el acceso deficiente al agua y al saneamiento equivalen al 2% del PIB, según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021).

En este contexto, es alentador que se estén fortaleciendo los esfuerzos a nivel internacional para proteger el medio ambiente. El compromiso del presidente Joe Biden de destinar un auxilio económico de 500 millones de dólares para proyectos que ayuden a frenar el impacto climático en el Amazonas, es un ejemplo de la importancia que se le está dando a esta causa. Sin embargo, no podemos depender únicamente de la ayuda externa. Es fundamental que en Colombia se fortalezcan las leyes y las entidades encargadas de proteger el medio ambiente, así como promover una mayor conciencia ciudadana sobre la importancia de cuidar nuestro entorno.

El Estado colombiano ha promovido más de 100 leyes y decretos a lo largo del tiempo para controlar el impacto ambiental en el país. Algunas de estas leyes han demostrado ser más efectivas, como aquellas que buscan frenar la deforestación y proteger los ecosistemas. Además del papel del Estado, es crucial la participación de empresas, fundaciones, entidades y organizaciones no gubernamentales que también trabajan en la protección del medio ambiente en Colombia. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las corporaciones autónomas regionales, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la Unidad de Parques Nacionales Naturales y otras organizaciones desempeñan un papel fundamental en esta tarea.

En conclusión, el daño ambiental en Colombia causado por el conflicto armado y otros factores es una problemática urgente que requiere atención. Aunque se han implementado estrategias y se han fortalecido las leyes, aún persisten desafíos en su implementación efectiva. Es fundamental promover una mayor conciencia ciudadana, fortalecer las políticas ambientales y fomentar la participación de diversos actores en la protección y conservación del medio ambiente en Colombia. Solo así podremos garantizar un futuro sostenible y en armonía con la naturaleza.

Es fundamental analizar las leyes desarrolladas en el marco del posconflicto para proteger y restaurar el medio ambiente, así como los desafíos y las limitaciones que enfrentan en su implementación efectiva. También es necesario examinar investigaciones sobre el estado de las zonas afectadas por la deforestación antes y después de los acuerdos de paz, especialmente en la Amazonía y el Chocó. Estos territorios han experimentado un aumento del 1176.1% en la deforestación debido a factores históricos y sociales, como el desplazamiento forzado, la colonización campesina, la expansión de la frontera agrícola y ganadera, y la presencia de grupos armados ilegales. Estas acciones tienen graves consecuencias para la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, los derechos humanos y la paz territorial.

Dicho lo anterior, la deforestación en Colombia se convierte en una grande preocupación creciente debido a su impacto en la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Entre 2001 y 2020, aproximadamente 7.2 millones de hectáreas de bosque se perdieron en el país, según un informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM, 2021). Esta cifra alarmante evidencia la magnitud del problema y la necesidad de abordarlo de manera urgente. La rica biodiversidad de Colombia se encuentra amenazada por la deforestación, lo que pone en peligro especies endémicas y en peligro de extinción, como el jaguar y el oso de anteojos, según un informe de WWF Colombia (2021).

Es crucial cuestionar si las medidas implementadas son compatibles con el desarrollo sostenible y si realmente responden a los intereses y las necesidades de las comunidades locales. Además de identificar las causas y las consecuencias de la deforestación en Colombia, debemos reconocer los mecanismos, grupos y entidades que protegen el medio ambiente tanto a nivel estatal como social y ambiental. Es necesario concientizar a las personas sobre los recursos disponibles y a quién acudir en caso de presenciar acciones en contra del medio ambiente o para solicitar apoyo en su conservación.

Luis Carlos Cortés

Juan Sebastian Serrano Antolinez,

Juan David Chisco Santana

Estudiantes Facultad de Economía, Universidad Santo Tomás

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