Sobreproducción, la condena del sector arrocero en Colombia

Dentro del sector agroindustrial colombiano, la industria arrocera cuenta con una importancia especifica y de gran relevancia, debido a que se considera el tercer producto en importancia en la industrial colombiana, ubicándose detrás solamente del café y el petróleo. La importancia de este cereal radica en gran medida a los hábitos alimenticios de los colombianos, dado que la mayoría de la población basa su dieta diaria en este alimento con un consumo per-capital anual de 42 kilos, debido a esto cerca de los 2,35 millones de toneladas producidas anualmente en el país (Dane.2023) son para satisfacer la demanda interna de la población.

En esta misma línea, la industria arrocera cuenta con una gran importancia en aspectos económicos, dado que este sector tiene cerca de 16.378 productores, generando cerca de 75.000 empleos directos y 300.00 indirectos, vinculado a cerca de 400.000 familias en 21 municipios de Colombia (Ministerio de agricultura de Colombia. 2020). Las producciones anuales de arroz tienen un valor cercano de $660.863 millones de dólares para la economía colombiana.

Así las cosas, el sector arrocero en Colombia enfrentan problemáticas propias de la producción del grano caracterizado por las singularidades del mercado, una de las problemáticas principales surge debido a que el cultivo de arroz es de ciclo corto, lo que genera un periodo de sobreproducción en las temporadas de julio a septiembre, generando que dentro de la cadena productiva se deba incurrir en gasto de almacenamiento en molinos industriales para conservar el grano excedente, que se utilizara para cubrir la demanda nacional a principio del siguiente año.

Esta operación de almacenamiento del grano golpea directamente los precios y competitividad del producto en los mercados debido a los gastos adicionales de producción, este factor afecta a su vez esencialmente la rentabilidad monetaria de la producción del grano, generando que el margen de ganancia sea menor para los productores, desincentivando la producción nacional en un horizonte de tiempo mediano y largo.

Es importante señalar que Colombia exporta una cantidad muy reducida de la producción interna del grano, por efecto de la baja competitividad en los mercados regionales y mundiales. Para el año 2021 las exportaciones del grano alcanzaron únicamente $1.010 millones de dólares, a comparación de la cantidad de grano que ingreso al país que represento valores cercanos de $16.600 millones de dólares (Ramirez.2023), estas importaciones tuvieron como objetivo ayudar a cubrir la demanda del primer semestre del año siguiente, generando que las importaciones del grano se den con un carácter marginal.

Así las cosas,  durante el primer semestre del 2022 la estimación del total de área sembrada en arroz mecanizado fue 357.694 hectáreas, esta cantidad corresponde a 34.954 hectáreas menos que el área sembrada en el primer semestre de 2021, correspondiente a 392.648 hectáreas, indicando una disminución de 8,9% (Dane.2023) en el total de área sembrada en hectáreas de arroz, evidenciándose que la disminución de suministro de arroz es una realidad latente en nuestro país.

Debido a este panorama poco alentador respecto a la producción arrocera en Colombia en los últimos años ha sido imperativo la revisión de las condiciones del acuerdo con la comunidad andina de naciones (CAN), y es precisamente esta razón por la cual el gobierno a partir del en el año 2017, ha desacatado una sentencia de la CAN, al impedir el ingreso de importaciones arroceras de Ecuador, Perú y Bolivia, lo que llevó a que finalmente el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú anunciara una sanción arancelaria de 10% a 10 productos colombianos (Echeverria.2021), generando una afectación a otros productos diferentes al arroz en el mercado internacional.

Un aspecto crucial que se debe discutir son las políticas agrícolas que el gobierno ha impulsado en los últimos años para dar respuesta a la necesidad del sector arrocero en Colombia. Una de las políticas más controversiales y discutidas desde sectores del gobierno y productores de arroz es la definida como incentivo de almacenamiento del grano que se ha dado desde 1997, la posición ante esta política de la cartera de agricultura ha sido que, si bien es necesaria conlleva una alta demanda de recursos gubernamentales que deberían asumir progresivamente los productores, así mismo los productores consideran que esta política no satisface la necesidad total que tiene el sector arrocero.

Se debe tener en cuenta que el incentivo de almacenamiento al grano para la cosecha, como política de estado tiene el objetivo de financiar el almacenamiento de los excedentes que se dan en la cosecha de arroz de abril y mayo, con la intensión de garantizar los niveles racionales de la comercialización del grano y evitar una quiebra del sector que afectaría directamente a productores y consumidores a nivel nacional.

Uno de los datos reveladores respecto al incentivo de almacenamiento es que para el año en curso se espera almacenar 275.000 toneladas de arroz para garantizar la oferta en el primer trimestre del próximo año, el costo promedio de almacenar una tonelada de arroz en Colombia gira alrededor de $51.000 pesos colombianos cerca de $12,04 dólares (Rogriguez.2023), lo que supondría que el costo de almacenamiento para la cantidad en stock de este año oscilaría alrededor de los $14.397 millones de dólares, los cuales tendrían que ser cubiertos por alguna de las dos partes, los productores y consumidores o el gobierno.

Si bien uno de los impactos por la situación que ha presentado el sector arrocero en los últimos años tiene afectaciones económicas enormes por la gran cantidad de personas que se ven involucradas en su proceso productivo, no hay que dejar de lado un aspecto con la misma relevancia y es la seguridad alimentaria de los colombianos, que con cualquier política agraria errónea se ve amenazada tanto a mediano como a largo plazo, debido a que la mayoría del consumo interno de arroz es de producción nacional.

Teniendo en cuenta lo anterior, el gobierno debe tomar una posición de protección del productor de arroz, mediante políticas agrarias que potencialice la competitividad del grano nacional, por lo menos a nivel regional y así general que la dependencia del sector a subsidios de producción se reduzca. Para que esto suceda el gobierno debe trabajar en dos vías simultáneamente, el mejoramiento de la producción en calidad y eficiencia productiva, así como búsqueda de mercados nuevos del grano, pero sin dejar de lado el incentivo al almacenaje del arroz como medida proteccionista del consumidor y productor.

Christian Linares Valbuena

Facultad de Economía- Universidad Santo Tomás

Bibliografía:

1. DANE (2023). Encuesta nacional de arroz mecanizado (ENAM), Consultado en http://www.dane .gov.co (19 de Octubre, 2023).
2. Ministerio de agricultura Colombia. Cadena Arroz Septiembre 2020. Consultado en https://sioc.minagricultura.gov.co/Arroz/Documentos/2020-09. (19 de Octubre, 2023)
3. Echeverri Valencia, M. Hurtado Rivera, I. (2021). Informe especial Precio internacional del café, cambio climático y mercados financieros. Universidad Eafit Escuela de economía y Finanzas. Economía Colombiana Análisis de coyuntural. Medellín Colombia.
4. Ramirez, M.(2023).Política Comercial para el Arroz. Fedesarrollo. Bogota Colombia. 28 de junio del 2023.

Rogriguez.2023. Arroceros instan definir incentivos de almacenamiento. Revista dinero. Publicación 20 junio 2023 obtenido: https://www.portafolio.co/negocios/empresas/gremio-arrocero-insta-a-definir-incentivos-de-almacenamiento-del-arroz-en-colombia-584687