Los empresarios no deben involucrarse en la administración del gobierno de los paises, porque sus intereses chocan, con frecuencia, con los del Estado que debe cuidar del interés general, incluso, a costa del particular que, con alguna frecuencia, coincide con el de tales administradores públicos.
No asegura la equidad, virtud fundamental de cualquier gobierno, aquel que permite que se infiltren empresarios cuya función es la de defender sus patrimonios – esperamos bien habidos- en el ambiente de los mercados a los cuales El Estado, por naturaleza, debe controlar y armonizar, con las leyes que le son propias, para poder ser garante del bienestar de todos sus ciudadanos.
Flaco servicio a la sociedad prestan esos empresarios que se retiran temporalmente de sus negocios, en los que deberían estar trabajando, para aprovechar las oportunidades que se encuentran en la elección de ministerios o departamentos claves, con el fin de regular en provecho de su sector, para mejorar sus condiciones, en detrimento de otros o de la comunidad en general.
Estos funcionarios atentan, en materia grave, contra los intereses de la mayoría, que son los ciudadanos de bien que se confían a los gobiernos de turno que participan o se hacen los de ojos ciegos y oídos sordos a tales situaciones.
Son tan responsables de promover tales vicios y actúan contra la ética, los que los eligen como los elegidos. El juego democrático no depende únicamente de la institucionalidad o de la normatividad que la rige, sino del buen juicio y criterio de quienes se deciden a participar en ellas.
Mientras un país no pueda proteger a sus ciudadanos de tales iniquidades, no se pude decir desarrollado. Pues actúa de manera perversa, creando condiciones para proteger el interés particular sobre el general.
Cualquier parecido con la realidad colombiana, no es pura coincidencia.
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