Las condiciones macroeconómicas relacionadas con la fortaleza del dólar y la correspondiente depreciación del peso colombiano, exigen un cambio radical de la estrategia de inversión social del gobierno.
Es la hora de vender activos. ¡Cuanto más valiosos mejor! El Estado no tiene como función hacer negocios en un ambiente de libre mercado, donde esta función le corresponde a los inversionistas privados, nacionales o extranjeros, vengan de donde vengan, pero con la idoneidad y los valores suficientes, para mantener empresas sostenibles, competitivas y rentables, a través del tiempo.
La función del Estado es la de ser garante de equidad y desarrollo social de las comunidades que se encuentran insertadas en el territorio nacional. Y, esto, se hace cumpliendo con la función distributiva que le corresponde. Cobrando los impuestos necesarios, con principios de equidad, para distribuir los dineros, producto de esta gestión, con justicia social entre los que menos tienen.
Este proceso debe ir, necesariamente, acompañado de la implementación de estrategias de desarrollo social armónico en favor de todas las comunidades que lo componen. Por medio de la creación de redes de infraestructura básica necesaria, que favorezcan todos los sectores, sin exclusión alguna; para que el espíritu emprendimiento, natural de la persona humana, tenga campo de acción suficiente para su desarrollo e impulse el crecimiento económico necesario para asegurar el progreso requerido de las comunidades, como un todo.
El Estado, de tiempo atrás, se ha confundido, de manera tal, que la promoción de empresas nuevas, necesarias para el desarrollo -aquellas en las que participó en su creación, porque era fundamental impulsar tales iniciativas que, en un principio, el sector privado, no se animaba a emprender- no las enajenó a tiempo o lo hizo de manera parcial y tímida, como se aprecia en el caso de ECOPETROL y otras empresas de capital mixto.
Esto, provocó, con el tiempo, el peor de los escenarios: un Estado asociado con capital privado en monopolios que solamente debió manejar aquel mientras las empresas se consolidaban, de manera previa a su enajenación. Empresas que fueron mantenidas, a travez del tiempo, sin espíritu competitivo ni de productividad.
Cuando dimos inicio, con Alfredo Carvajal Sinisterra, a la conformación de la organización Terpel, este proyecto, cumplió con el objetivo de promoción del Estado y la vinculación de capital privado, hasta su enajenación. Hoy Terpel es una empresa próspera que ha sobrepasado las fronteras de Colombia y paga los impuestos que corresponde a una gran multinacional
La pretensión de mantener monopolios de Estado, induce una injusticia social muy grande, pues se generan precios artificiales, ajenos a la realidad mundial; inducen enfermedades crónicas que se aprecian como: corrupción, desgano productivo, ineficiencia y, a la larga, se crean elefantes blancos inamovibles que son presa de la burocracia sindical que las desangra y los mafiosos de cuello blanco que, disfrazados de políticos y funcionarios, como sanguijuelas, dejan la organización sin vida y sin posibilidades de recuperación.
¿Cuánto valía ECOPETROL hace dos años y cuánto vale ahora? ¿Qué se puede esperar de ISAGEN, en un mediano plazo, manejado por un gobierno necesitado de buscar otra fuentes de ingresos, sin vender activos? ¿Será convertida en otra fuente artificial de ingresos, a punta de incrementar los precios de la energía, a niveles irracionales, como sucede con la gasolina?
El país necesita invertir en infraestructura y, ni las organizaciones monopolísticas que lo financian, ni los colombianos, pagando precios absurdos, damos para más.
Es hora de exigir al gobierno dejarse de ambigüedades y tomar las medidas necesarias para corregir la situación, si queremos tener vías; comunicaciones ágiles con cubrimiento realmente nacional; salud y educación para todos los colombianos; no solamente para aquellos que se pueden sostener pagando los precios absurdos de una economía pública irracional que privilegia los interese de unos pocos en detrimento de la mayoría de la población.
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