La política pública es una decisión. Como tal conlleva compromisos y obligaciones que deben tener cabida en los tiempos y espacios de deliberación previos al espectáculo mediático de la firma de decretos efectistas que pretenden capitalizar tenues esperanzas o vender la imagen de gobernantes con talante independiente.
En Colombia la lista de ejemplos podría extenderse, pero el sainete acerca del salario mínimo es ilustrativo: la posibilidad de acceder al mercado mediante un salario digno quedó reducida a la discusión por cien pesos de la insuficiente cifra mensual gracias al decreto gubernamental que cada año desestima cualquier posibilidad de debate entre los representantes de empresarios, trabajadores y desempleados.
Guardadas las proporciones, Estados Unidos tampoco es ajeno a este tipo de decisiones; con el agravante de obedecer al rifirrafe partidista y con repercusiones internacionales, el presidente-promesa Obama decidió reanudar el financiamiento a los grupos que promueven la planificación familiar y el aborto en el extranjero. Por supuesto, es necesario invertir recursos en investigación y métodos que permitan controlar el número de hijos pero es preciso considerar la vida humana como principio esencial, por ejemplo, tal como lo hace el gobierno Alemán con dispositivos de anticoncepción natural.
De esta forma, es evidente que la vida antes de nacer y la supervivencia son objeto de decisiones coyunturales que responden a criterios diversos como afán de protagonismo, compromisos adquiridos en el fragor electoral y estrategias de mercadeo político. Por el contrario, la argumentación, la persuasión y el debate en general –cimientos clave de toda política pública- se convierten en obstáculos para el supuesto pragmatismo de los gobernantes de turno.
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