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“La democracia no reside en elecciones y votos, sino también en la deliberación y el razonamiento públicos”. Amartya Sen.
Nos contaron los medios sabatinos que desde Alemania, el presidente Uribe propone tomar distancia de la discusión alrededor de la reelección siempre que el debate se construya sobre sus denominados tres pilares básicos: seguridad democrática, confianza inversionista y responsabilidad social; a mi juicio tres pilares parecen poco para construir el debate que el país se merece y el tridente sugerido está respaldado en supuestos que ponen al ciudadano común en un papel de receptor pasivo de acciones militares, empresariales y asistencialistas.
Las bondades de la seguridad democrática tienen su mejor carta de presentación en el número de vidas que se han logrado salvar de la violencia homicida que ha caracterizado la historia reciente de nuestro país, no obstante, el énfasis en resultados marciales antes que en procesos, convierte la alusión a la democracia en adjetivo que representa una promesa difícil de hacer realidad.
La confianza inversionista es apenas una contraprestación que el inversor otorga a cambio de la confianza que todos los colombianos depositamos en él por medio de disposiciones gubernamentales que reducen sus impuestos. Todo ello a cambio de algunas plazas laborales y una probabilidad reducida de transferencia tecnológica.
La responsabilidad social en esencia se inscribe en la apuesta del gobierno por garantizar altos porcentajes de inversión social como porcentaje del gasto total, cifras que cuentan con ayuda de contabilidad creativa en concordancia con el confuso mandato constitucional respecto a la definición de gasto social.
El debate público no puede reducirse a propuestas presidenciales, sobre todo cuando la propuesta promueve la pasividad ciudadana y la sumisión a decisiones ajenas. Por el contrario, es preciso garantizar espacios de deliberación como punto de partida para que cada ciudadano tenga la oportunidad de actuar para generar cambios. Así, mediante el protagonismo de las personas, el diálogo que necesita el país para acordar los “debidos ajustes” puede dar cabida a nuevas prioridades en donde la justicia, la equidad y las oportunidades ocupen lugares más relevantes.
