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Un destacado abogado, que pidió mantener su nombre en reserva, le reveló a Negocios Y Movidas que había hecho un “desconcertante descubrimiento, con grandes vicios de ilegalidad”, en el caso de Andrés Camargo, ex director del IDU.
Sostiene el jurista que la juez de primera instancia que atendió el caso de las Losas de Transmilenio de la Autopista Norte, en su sentencia (anexa fallo) contra el funcionario declaró ilegales los documentos (pruebas) que aportaron tanto quien presentó la Acción Popular como el apoderado del IDU (Francisco José Sintura) cuando intentó actualizar los perjuicios económicos causados al Distrito de Bogotá por este hecho: 108.000 millones de pesos.
Denuncia el especialista que a sabiendas de que esta prueba fue descartada por la juez de primera instancia, fue presentada nuevamente en segunda instancia ante el Tribunal Superior de Bogotá, el cual determinó que efectivamente esa era la cuantía que deberían pagar los supuestos responsables por el daño de las losas.
“El Tribunal Superior de Bogotá no tuvo en cuenta esta invalidez y le dedica varias páginas al documento y falla los perjuicios. Es decir, no solo no tuvieron las audiencias del juicio para fallar, porque se perdieron, sino que los daños económicos los calculan con base en un documento que no es prueba válida. Esto es gravísimo”, sostiene el abogado.
Pero eso no es todo. Dice el jurista que es igualmente grave que la Corte Suprema de Justicia, al negar la solicitud de casación presentada por Camargo (última instancia que tienen los ciudadanos para que se revise su caso), le dedica varias páginas del auto a los perjuicios y se refiere al documento en cuestión.
“Tampoco la Corte cayó en cuenta que se trataba de una prueba no válida”, resalta el especialista desconcertado.
Advierte que el caso amerita una exhaustiva investigación para determinar si se indujo a error o no al Tribunal Superior de Bogotá que falló en segunda instancia y que recogió la tesis de los 108.000 millones de pesos. Lo que a su vez influyó también en la decisión (cuestionada en La W por varios de los juristas más prominentes del país) que tomó posteriormente la Corte Suprema de Justicia de negar la revisión del caso.
“¿Tiene algo que ver en todo esto la comisión de éxito del 5% que se estipuló en los contratos el IDU a sus apoderados, que ascendería a unos $5.000 millones de pesos como lo reveló Portafolio”, se pregunta el jurista.
Lo cierto es que alrededor del caso del ex director de IDU, Andrés Camargo, han ocurrido demasiadas coincidencias y ‘carruseles’ como lo denuncie el pasado 5 de agosto aquí en Negocios y Movidas y que valen pena volver a repasar:
