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En los próximos días la Contraloría General de la República dará a conocer un crudo informe sobre la auditoría especial que realizó al ICETEX, en donde se hará evidente el caos administrativo, financiero y contable que reina en esta entidad que durante los últimos años ha sido objeto de graves cuestionamientos  por corrupción e ineficiencia, como lo denunciamos aquí en Negocios y Movidas en repetidas oportunidades.

 

Descubrió, por ejemplo, que una cartera de 13.335 obligaciones, por un valor de 15.656 millones de pesos, fue vendida a la Central de Inversiones S.A. (Cisa) por tan solo 509,5 millones de pesos. Es decir, por el 3,14% de su valor. A su vez, la firma informó que recuperó 838 obligaciones por un total de $3.140 millones. Lo que para el organismo de control representa un posible detrimento patrimonial para el Estado de $11.896 millones de pesos.

 

De igual manera se encontraron decenas de condonaciones por invalidez donde no es posible establecer cumplimiento de requisitos, ni soportes de certificación requeridos para el otorgamiento de la misma, lo que evidencia que las condonaciones se efectuaron sin la verificación de las condiciones exigidas para tal efecto.

 

La Contraloría también investiga una serie de contratos como, por ejemplo, el que se otorgó a una firma de servicios temporales por 900 millones pesos para que analizara las hojas de vida que llegan a la institución.

 

U otro que se adjudicó a un particular, por 1000 millones de pesos, para que estudiara la evolución y desempeño de los empleados de carrera. Y el pago por más de 348 millones de pesos a una agencia de viajes por la compra de tiquetes aéreos. Así como un contrato de prestación de servicios al ex superintendente financiero Jorge Pinzón Sánchez  por  800 millones de pesos.

 

De igual manera otro carrusel de contratos multimillonarios para manejo de archivos y documentación que también han sido duramente cuestionados y que contrastan con el caos que reina en el interior de la institución.

 

De otro lado, la Contraloría también pudo establecer que los procedimientos para para efectuar los giros y los desembolsos de los mismos no contemplan términos ni plazos para la entrega de los recursos, “situación que conlleva a que los abonos se hagan en cualquier momento, desconociendo los principios de celeridad, eficacia, eficiencia y oportunidad de la función administrativa”.

 

Para la Contraloría, esta situación conlleva a que el estudiante no tenga la seguridad de cuándo se va a hacer efectivo el giro de los recursos contribuyendo a la deserción de los programas académicos y al incremento de la cartera morosa de la entidad.

 

Este es apenas el comienzo del destape de la olla podrida del ICETEX. Cabe recordar  que tras 10 años de estar en el cargo el presidente Santos le pidió la renuncia a Martha Lucía Villegas. Desde esta columna de Negocios y Movidas cuestionamos su falta de gestión, denunciamos la crisis que padecen miles de usuarios de los créditos, en su mayoría jóvenes profesionales  pertenecientes a familias de bajos ingresos,  publicamos testimonios desgarradores de usuarios y de padres de familia y le pedimos al Gobierno y a los organismo de control que intervinieran en su favor e investigaran el manejo que se le estaba dando a la cartera morosa de la entidad que terminó en manos de algunas agencias de cobranza, cuyo accionar raya en el constreñimiento y el terrorismo sicológico.

 

Buena parte de estas denuncias surgieron de la Asociación Colombiana de Usuarios de Préstamos Educativos (ACUPE), y de su secretario, Fernando Calao. Esta ONG se convirtió en la única tabla de salvación y en la única vocería de cientos de usuarios frente a la negligencia de la entidad y del Gobierno a sus denuncias, y a la cual se le intentó quitar su personería jurídica.

 

Sin embargo, aún quedan muchas dudas por resolver. Y en las cuales seguimos insistiendo en Negocios y Movidas para ver si alguien algún día nos las resuelve:

 

¿Por qué el ICETEX se abroga las competencias del Congreso de la República, del Banco de la República y de la Superintendencia Financiera para modificar a su libre albedrío las tasas de interés que aplica a los créditos educativos?

¿Cómo se explica que el ICETEX, a través de actos administrativos, cambió su naturaleza y su finalidad por la cual fue creado, para convertirse en una entidad financiera que ejerce actos de comercio con ánimo de lucro?

 ¿Por qué el ICETEX capitaliza los intereses de los créditos educativos que le otorga a los estudiantes del país, aplicando el articulo 121 del Estatuto Financiero y cambiario, cuando este rige las actividades comerciales, financieras y bursátiles que desarrollan los bancos?

 ¿Cuál es la razón para que el Gobierno y el Congreso no hayan dado cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución Nacional, en el sentido de que se expida una  la ley estatutaria que regule los préstamos o créditos educativos que se otorgan a los estudiantes del país?

 ¿Por qué el ICETEX, en algunas repuesta manifiesta que durante toda la vida del crédito educativo está aplicando la fórmula de interés simple, no obstante, en la etapa de amortización o pago, está utilizando la fórmula de amortización de cuotas constante, es decir, que capitaliza los interés?

 ¿Cuál fue la resolución que autoriza la capitalización de los intereses en los préstamos educativos  y si fue publicada en el Diario Oficial?

 ¿Cuál es el fundamento legal que tuvo el ICETEX para incluir en la Resolución No. 00153, del 4 de abril de 2003, una nueva obligación para los usuarios del crédito educativo: ‘Transcurrido un año del vencimiento de una o más cuotas del plan de amortización del crédito, sin haberse realizado su pago, la porción correspondiente a intereses se capitalice y acumulen al saldo del plan exigible’?

¿Cuál es la entidad u órgano competente del Estado que vigila la actividad financiera del ICETEX, pues la  Contraloría General se limita a efectuar una auditoria de los dineros que recibe del presupuesto nacional y la Superintendencia Financiera  controla y vigila a los bancos?

¿Qué contratos ha celebrado el ICETEX con los bufetes de abogados para la recuperación de la cartera morosa y quién paga los honorarios por estos servicios…  sí es el ICTEX o el usuario de los créditos educativos?

¿Qué riesgos cubren las pólizas de seguro contratadas para cada uno de los créditos, cuya prima es cargada a la cuenta al estudiante, por un  valor correspondiente al  2% de cada giro del crédito. Cuál es el resultado final de tales coberturas, a cuánto han ascendido las indemnizaciones reconocidas por las empresas aseguradoras?

¿Por qué se identifican numerosas liquidaciones de créditos tardíamente trasladadas a etapa de amortización y por qué se causan intereses a cargo del estudiante durante ese lapso de tardanza ocasionado exclusivamente por fallas internas, capitalizándolos y trasladándole al estudiante el valor de un error originado internamente en el ICETEX?

¿Cómo fue ese contrato de prestación de servicios del doctor Jorge Pinzón Sánchez, ex superintendente financiero, por  $800 millones?

¿Qué pasó con la investigación que se le solicitó a la DIAN, en el sentido de que, al parecer, las empresas de cobranza cobraban el IVA  y no lo se trasladaban al gobierno?

¿Por qué el ICETEX solicitó la suspensión de la Personería Jurídica de ACUPE, ante la alcaldía mayor de Bogotá, por intermedio de su asesor jurídico, el Dr. Vaca Perilla.

¿Quién va a responder por el detrimento del oneroso crédito al Banco Mundial que le generó al ICETEX millonarios sobrecostos  como lo denunció El Espectador y en qué se invirtieron eses recursos? http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-350769-el-mal-negocio-del-icetex.

Amanecerá y veremos….

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